Se acabó el silencio. Después de tantos meses, ha llegado el momento de soltar todo lo que se ha ido acumulando.

La indignación se ha apoderado de muchos ciudadanos que en el mes de Mayo se plantaron ante quienes intentan imponernos unas normas que solo benefician a los que las hacen. La respuesta fue contundente. Antidisturbios que no dudaban en lanzar sus porras y balas de goma, como mínimo, contra el primero que pasaba por el lugar sin distinción de sexo, edad o condición. Esa violencia es legal y no hay nada que decir. ¿COMO QUE NO??? Los individuos que llevan a cabo esas prácticas y los que les dan las instrucciones, no son nadie para intimidar a los ciudadanos. Repito, como tantas veces he hecho, que los funcionarios están al servicio de los que les pagan, nosotros, y no al de quienes les dan órdenes, que también tienen la misma obligación. Los contribuyentes no somos esclavos de nadie, ni de políticos ni de jueces ni de policías ni de ningún tipo de empleado público. Son ellos los que nos deben obediencia a nosotros, que para eso sufragamos sus suculentas nóminas con nuestros impuestos.

Es incomprensible que quienes debieran velar por los intereses de todos, tan solo se preocupen de rescatar a las entidades financieras. No se entiende cómo pueden decir sin ruborizarse que los bancos no tienen dinero para créditos. ¿Y los miles de millones de Euros en beneficios que han anunciado, donde están? Seguramente en algún plan de pensiones de un alto cargo o en indemnizaciones por cese. En definitiva, en seguir financiando la buena vida y el lujo que rodea a esos individuos que no merecen el apelativo de personas. Pero como este sistema es como es, ellos continuarán disfrutando de sus privilegios y los pobres infelices que se encuentren entre sus redes y no puedan hacer frente a los pagos a los que se comprometieron, seguirán siendo amenazados y embargados hasta la ropa interior para que ellos sigan despilfarrando a su costa.

Tampoco se comprende que un ciudadano al que se le haya demandado por cualquier motivo, si pierde el litigio, deba hacer frente al pago de las costas. ¿Qué es eso? ¿Acaso los que intervienen en el juicio no son funcionarios y cobran un sueldo por hacer un trabajo? El denunciado debe pagar su abogado y si es derrotado al juez, o al juzgado, o a la administración, da igual. ¿Eso no es un abuso? ¿No se pagan impuestos precisamente para que esos individuos hagan su trabajo? No me vengan con la milonga de que las normas son las que son y las leyes están para cumplirlas. Esas leyes y esas normas, si perjudican a alguien, no sirven. Además, está la chulería y la prepotencia con la que jueces y policías se enfrentan a los ciudadanos. La condición de funcionario no significa que tengan derechos ni priviliegios, más bien al contrario, significa que tienen obligaciones, que en su mayor parte no cumplen, con la excusa de que no hay medios, bien sean económicos o humanos, para llevar a cabo su trabajo. Debe ser por eso que, al no poder realizar su labor, se pasan el día o desayunando o tocándose lo que no suena. Y que conste que no estoy en contra de ese colectivo, pero si de su actitud frente a quien les paga el sueldo. ¿Qué pasaria si un trabajador le dijese se jefe lo que tiene que hacer y se negase a realizar su labor? Que se iría al paro, sin contemplaciones. Pues eso. Y deberíamos empezar por los políticos, que se creen que tienen el poder de hacer y deshacer según les convenga o según los intereses de alguien o algo que les pueda beneficiar. De eso nada. Si no hacen lo que deben, a la calle.

Mucho hablar de apretarse el cinturón, pero los primeros en no hacerlo son, precisamente, aquellos que nos dicen ‘hay que hacer un esfuerzo’. Háganlo ustedes. Para empezar, su sueldo debería ser el salario mínimo, esos 600 y pico Euros que ustedes mismos consideraron el mínimo indispensable para vivir. El resto, hasta lo que cobran ahora, para servicios a los ciudadanos y para las pensiones, que, al fin y al cabo, para eso son los impuestos, no para que sus señorías se forren. Porque una cosa está clara, apretarse el cinturón y bajarse los pantalones a la vez, como que es imposible,

Y para colmo estamos en plena campaña electoral y, por ende, cansados de tanta palabrería inútil. Ni estado de derecho, ni democracia ni puñetas. Este país, o este sistema, no es nada de eso, sino más bien una dictadura parlamentaria que se escuda en sus propias reglas para seguir dando por donde amargan los pepinos al populacho que solo sirve para obedecer y poner el trasero cuando lo ordenan.

Así están las cosas. El que tiene y puede hace lo que le da la gana. El que no tiene y sale a la calle a protestar, es un agitador o un terrorista y la única solución es hacer que caiga sobre él todo el peso de la ley, esa que misma que quienes la hacen no cumplen, esa misma que habilita a jueces y “fuerzas del orden” para chulear al pobre diablo de a pie y molerlo a palos si conviene.

Basta ya de chulería, de palabras vacías y de ladrones. Hay que ir a votar el día 20, sí, pero en blanco o a partidos pequeños, para que los que están viviendo del cuento (por mucho que digan que se dejan la piel por su país) se den cuenta de una vez por todas de que los que mandamos somos nosotros, los ciudadanos. Ellos no son nadie sin nosotros. Y con nosotros tampoco. Y me da la impresión de que somos capaces de administrarnos sin necesidad de esa gentuza.

En los tiempos que corren, llenos de susceptibilidades heridas y de escepticismo político, nos invade una ola de normas restictivas y, por qué no decirlo, represivas, que pretenden regular los derechos de todos menoscabando los de una parte importante de los ciudadanos. Gracias a las nuevas leyes sanitarias se equipara a quien consume ese producto tan nocivo pero legal como es el tabaco, con un delincuente. Multas que pueden llegar a ser millonarias para quien incumpla la ley. Vigilancia extrema desde el primer día. Curiosamente, los efectivos de la policía han hecho acto de presencia en locales y lugares prohibidos para obligar a los infractores a deponer su actitud, mientras por otro lado se excusa la no actuación de los mismos  frente a la prevención de delitos más graves, como el de la violencia de género, por falta de personal, con el pretexto de que no se puede poner un funcionario detrás de cada persona afectada.

Se acusa a los fumadores de un delito contra la salud pública por el hecho de consumir un artículo fabricado y expendido legalmente en establecimientos que abonan sus impuestos como cualquier otro, proviniendo gran parte de ellos de ese producto nocivo (se oye hablar de más de 9 mil millones de Euros al año de recaudación por parte del estado por ese concepto, nada que ver con lo que pretenden hacer creer que se destina a la sanación de enfermedades provocadas por el tabaco, se rumorea que unos 5 mil millones). Se plantea un dilema, ciertamente kafkiano. Como ya ocurrió con las drogas en su momento, esas que no se pueden adquirir legalmente, pero que sí se pueden consumir, nos encontramos ante la paradoja de comprar algo legal para no poder consumirlo y así preservar la salud de los que nos rodean. Absurda contradicción donde las haya. Tan incoherente como el hecho de no sancionar a quienes permiten la fabricación y venta del tabaco, ya que, al fin y al cabo, supone un claro atentado contra esa salud pública que tanto quieren proteger aquellos que por un lado consienten y por otro prohíben.

Si un fumador es un delincuente por el hecho de consumir “veneno“, quien permite que eso sea posible también lo es, o más si cabe. Pero hay una razón para la permisividad, como ocurre con los cárteles, que se llama “dinero“. En este último caso, se pretende que el uso de las drogas se extienda para conseguir más beneficios. En el otro, no se impide la venta pero si el consumo con el mismo objetivo, ya sea por la facturación en sí o por las sanciones. En cualquiera de las dos cuestiones, el propósito principal es común. Aunque unos proponen abiertamente la degradación de la salud y los otros no, el lucro con el negocio está servido para ambas partes. De la legalidad a la delincuencia. Aclaremos este concepto. En el caso de los traficantes, ellos son ilegales y el consumidor no. Para los otros, ellos son legales y los consumidores no.

La salud pública debe ser un derecho de todos, mejor dicho, lo es. Pretender a golpe de decreto (como en los tiempos más oscuros de la dictadura, con la famosa ley de “vagos y maleantes“) que aquel que quiera llevar una vida “sin humos” decida que el resto haga lo mismo, significa instaurar un régimen autoritario donde la hipocresía y la falta de respeto a los derechos de los ciudadanos prevalece ante la tolerancia y la convivencia. La excusa de que el tabaco provoca la muerte de quienes lo consumen y de los que están a su alrededor, parece ser la mejor estrategia para conseguir sus propósitos. Deberíamos recapacitar sobre este tema. Porque no se puede culpar a una sustancia concreta de provocar enfermedades (que probablemente es así) mientras otras también lo hacen y no son perseguidas. No entiendo mucho de medicina, más bien nada, pero tal vez estemos jugando con nuestro sistema inmunológico que, día a día, año tras año, se va deteriorando dejando pasar aquello que en un principio no debería ser perjudicial. La higiene es primordial pero, como todo, en exceso puede llevar a ser nociva. ¿Absurdo? ¿Incongruente? ¿Descabellado? También lo es que nos permitan adquirir un producto que no sabemos que contiene en realidad. Las tabaqueras no están obligadas a especificar los ingredientes en los envoltorios. ¿Lógico? Ese tema no le importa a nadie. Sin embargo seguramente que nos daría una perspectiva diferente si pudiesemos saber qué es lo que nos venden para que fumemos.

Todo en esta sociedad gira alrededor del dinero, que da poder y permite decidir el destino de nuestra humilde existencia. Da lo mismo si se provoca el enfrentamiento entre vecinos o, por qué no, familiares. Desviar la atención hacia temas “vanales” permite tomar el control de la situación, para así poder ocultar, aunque sea por unos días, la vergonzosa situación de muchos ciudadanos al borde de la miseria, otro asunto ignorado por todos. Quien sabe si en un futuro no muy lejano nos veremos envueltos en la misma situación en que se hallaron los estadounidenses entre 1920 y 1933, con la famosa ley seca. ¿Veremos a Eliot Ness limpiando de mafiosos nuestras calles? Es cuestión de tiempo.

A pesar de todo, los acontecimientos siguen su camino. Instalados en la “crisis“, aquellos que pueden se preparan para celebrar la Navidad. Quienes tuvieron un receso en sus ingresos y debieron aparcar esos pagos básicos, se debaten entre seguir luchando o tirar la toalla ante la constante intimidación a la que les someten las entidades financieras “pilares de la economia y de la sociedad moderna y libre“. Hay quien debido a ellas, se encuentran en situación de indigencia, o casi, después de haberles obligado a ceder sus bienes a las poderosas instituciones privadas, aquellas que les ofrecen todo tipo de beneficios si se hace usted cliente pero que, si no tiene donde caerse muerto, le dejan en la cuneta, tal vez para que allí pueda hacerlo. Si por desgracia le embargaron la vivienda, probablemente deberá seguir pagando un “resto” que no se sabe muy bien qué es (por lo menos yo), hasta que salde su deuda. Curiosa situación, penosa diría. Y no por el ciudadano al que se le ha dejado en la calle sin miramientos. Penoso es que alguien que no tiene nada y que lo poco que poseía  le ha sido arrebatado, deba mantener esa deuda y cumplir con unos pagos aunque no tenga ni para comer, únicamente para que quien le prestó el dinero pueda seguir viviendo a sus anchas, conduciendo un vehículo de alta gama, si es que no tiene chófer, viviendo en una mansión y gozando de todo tipo de privilegios, legales y sociales, a costa del pobre plebeyo que cayó en sus redes y no pudo salir.

Por otra parte, los derechos sociales van decreciendo. Las pensiones se congelan, el salario mínimo se rebaja, los sueldos de los funcionarios de base se decrementan. Pero los grandes monstruos de la economía siguen anunciando sus multimillonarios beneficios, aquellos que dictan las normas y los que las aplican obligando a obedecerlas (eso me recuerda algo…), continúan en sus puestos, al pie del cañón, bombardeando a los ciudadanos con sus famosas promesas y sus discursos barrocos, donde nos dicen lo grande que es la democracia y la libertad y, como no, engordando sus arcas a costa de todos. Nos equiparan al resto de Europa, el tabaco se ha puesto por las nubes y la prohibición de su consumo es cada vez mayor; la gasolina sigue sus pasos; lo que antes valía 100 pesetas, ahora vale como mínimo 166. Suben los impuestos. Aparece el carnet de conducir por puntos. Tenemos representación en el parlamento de Bruselas. Pero los salarios son más bajos. Los hay que consiguen mantenerse y no han padecido una rebaja sustancial, dejando con el culo al aire a los sufridos asalariados que contaban con unos ingresos para pasar el mes y que ahora no saben cómo hacerlo. Pero no pasa nada, se adoptarán medidas para salir de la “crisis“, entre ellas, retirar la ayuda a los parados de larga duración, con esos 400 y pico euros por cada uno se ahorrarán unos cuantos millones, el salario mínimo, vuelvo a insistir, se rebaja, o esa es la intención. Ahora, con la “crisis“, es absurdo cobrar esos 600 y poco al mes como ingreso mínimo indispensable. Y los ministros aprovechan la situación para animar a los soldados destinados en Afganistán o el Líbano. Eso, en los tiempos que corren, no supone un gasto demasiado importante.

Entre tanto, quienes están en el poder y se aferran al sillón como pueden y aquellos que lo desean se enzarzan en discusiones que puedan distraer al contribuyente y así fijar su atención en un solo objetivo: conseguir el máximo de votos para cambiar el rumbo y salvar a los españolitos que se ven sumidos en la pobreza, ya sea de espíritu o material. De ese modo, preservando la intgridad del “Estado“, garantizando la libertad y haciendo uso de la democracia para lograr una convivencia y una justicia más real si cabe, se pretende salir de esta situación caótica en la que estamos inmersos. Eso si, conservando todos los privilegios que la ley les otorga, por delegación expresa de los ciudadanos que les escogieron como sus representantes.

No sé que pensar, a veces no sé ni qué decir. Esos pilares básicos de la sociedad, economía, justicia, estado y religión, cada vez me recuerdan más a la “cosa nostra“. Podría decirse que actúan por todo el planeta, con diferentes nombres, atropellando a todo aquel que no esté en su línea. Algo me hace pensar que Wikileaks y su fundador han dado en el clavo. Assange puso los dedos en la llaga y ahora se le crucifica y se le tilda de espía, terrorista, o no se qué. Viene esto a cuento porque hasta ahora nadie había osado retar al poder establecido, que, como una mafia, hace obedecer a los súbditos y a aquellos que no pasan por ahí les aplica su ley. Tal vez sea objeto de esas acusaciones por comparar a los gobiernos, a los grandes monstruos financieros y, por qué no, a los grandes líderes religiosos, con la mafia. Pero de humanos es errar y de humanos es luchar. Quizá esta pobre rebelión contra aquellos que creen ser los dueños del mundo y del destino de sus habitantes no llegue a ninguna parte, es lo más probable. No pretendo equipararme a Wikileaks, ni mucho menos. Pero a pesar de todo, ahí queda esta opinión, para quien quiera o para quien le interese.

Como dijo Quevedo: “poderoso caballero es Don Dinero“. La supervivencia de muchos mortales, de todos para ser exactos, depende totalmente de ese objeto, abstracto y absurdo en sí mismo, alrededor del cual gira el mundo. Desde el más insignificante ser humano que habite en la faz de la tierra hasta el más poderoso y vil especímen acaudalado, se suceden continuamente pugnas por conseguir ese “preciado” tesoro. Avaros, especuladores, estafadores, trabajadores, gandules, cualquiera sucumbe a su especial brillo. Cuanto más se posee, más se quiere.

Las grandes entidades financieras anuncian cada año los beneficios que obtuvieron en el ejercicio anterior. Da miedo escuchar las cifras que se manejan. Entre tanto, los menos favorecidos por el sistema, luchan día a día para conseguir algo digno que les ayude a continuar en el camino. Los primeros ejecerán sin miramientos el poder que les ha asignado su situación privilegiada, para cebarse en los segundos, despojándoles de todo aquello que posean si han osado retarles por necesidad o falta de medios.

En segundo plano, o más bien en el fondo del saco, queda todo aquello que, en un principio, debería ser básico. Los derechos innatos de cualquier ser humano, se ven desvanecidos ante la bárbara supremacía del vil objeto. Intereses de estado y de las grandes fortunas amasadas desde la más ignominiosa falta de respeto hacia los demás, quedan por encima de todo. La consigna está clara: solidaridad a cualquier precio. Aquellos que más se llenan la boca con esa palabra, son los primeros en obviarla, excepto en lo que les concierne directamente: su propio beneficio.

Entre hipocresías y atracos encubiertos por la legalidad, el ciudadano de a pie intenta seguir adelante como puede, castrado en su dignidad, impotente ante tanta desfachatez. Y, aunque en ocasiones se eche a la calle para hacerse notar, esa sensación de impotencia le acompañará hasta el último de sus días, porque así lo quiso el ser supremo y aquellos a quienes provee de riqueza y poder en contra de su voluntad. Ya en el tramo final de su largo y penoso camino, será vilipendiado por el resto, ricos y pobres, encarcelado en sus propios recuerdos, en su lúgubre estancia, rancia y deforme con el paso de los años, que le albergará hasta que la luz desaparezca para siempre. Tal vez entonces, alguien note su ausencia o quizá tras ese último suspiro, se libere para siempre de tanta inmundicia. Triste final para un triste camino.

Las noticias de mujeres asesinadas por sus parejas nos asaltan a diario. Cada vez son más las víctimas, a pesar de las leyes y las campañas para erradicar esta lacra. Para terminar de arreglarlo,  hay casos de ex-policías y  similares que han asesinado a su compañera sentimental. Es realmente grotesco, por no poner otro adjetivo. Aquellos que deberían proteger a los que están amenazados, también incurren en esa violencia gratuita y sin sentido.

Pero no todo va por ese camino. Miles de personas en todo el mundo, hombres y mujeres, sienten a diario ese peso que les inhibe y  anula. De nada sirve que haya unos sistemas de protección si cuando se da el caso el juez de turno deja libre al maltratador con una simple orden de alejamiento que, en la mayoría de casos, no se respeta. En este punto, la denuncia se hace completamente inútil, por más medios de suprema sofisticación que se empleen para proteger o disuadir. Está claro que la ley no es efectiva si no se aplica con un mínimo de sentido común.

No todos los casos de denuncia son auténticos, hay quien se aprovecha de la situación, no entiendo muy bien por qué, con lo que el escepticismo de las “autoridades” ante una denuncia es cada vez  mayor. No ayuda en nada esta situación, como tampoco lo hace el hecho de que una legislación pueda ser interpretada y aplicada arbitrariamente por los que debieran administrar justicia e investigar los casos con coherencia en lugar de emitir sentencias absurdas que de nada sirven en la realidad.

Me he preguntado muchas veces si los funcionarios encargados de legislar y los que aplican la ley, viven en la realidad o en un mundo repleto de retórica jurídico-administrativa que no conduce a ningún lado. Toda la jurisprudencia, junto con su jerga  profesional, aparece ante los ojos de los mortales ignorantes del tema, como una palabrería absurda e inútil que lo único que consigue es perpetuar el poder entre quienes poseen el “privilegio” de estar inmersos en sus redes. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Es de obligado cumplimiento aquello que convierten en ley por real decreto, aunque sea debatido en el Congreso y en el Senado, por otra parte, desautorizados moralmente para realizar este tipo de tareas, puesto que han demostrado a lo largo de la historia, que lo único que persiguen es su propio interés. Pero entramos en una paradoja: la norma que hay que cumplir obligatoriamente no lo es para todos, puesto que quien la debe aplicar lo hace con perjuicio del denunciante, incurriendo en su incumplimiento. Realmente es un tema complicado. Todos conocemos aquello de “hecha la ley, hecha la trampa“, algo muy común en nuestro país, sin olvidar el resto del mundo, procedimiento por el cual se incumplen las normas pero no se puede demostrar o hay un vacío legal que no permite juzgar a los culpables.

Me permito “criticar” a todos aquellos leguleyos, incluyendo legisladores y jueces, que no saben ver más allá de lo que dice un texto que podría muy bien pertenecer a una novela de Kafka. Ellos interpretan sus palabras, como lo hacen los religiosos de cualquier confesión con sus textos sagrados, a su manera, atribuyéndose el poder de decidir lo que está bien o mal sin pensar en las consecuencias para el resto de mortales. De hecho, eso les da exactamente igual. Lo único que importa es lo que hay escrito. Eso es lo que vale. Y, en ese trance, las víctimas siguen creciendo, siendo muchas de ellas anónimas y permaneciendo ocultas ante los ojos del mundo, porque la ley les ignora. ¿Para qué denunciar si al final acabaré igual? Tal vez mucha gente implicada en esa situación se haga esa pregunta. Si realmente, tal y como no se cansan de repetir, la intención de los gobernantes es la de dar protección, deberían dejar de un lado tanta palabrería inútil y dar más soluciones reales. Como he dicho en otras ocasiones, tiene preferencia la seguridad y los intereses del Estado (y los suyos propios) sobre el de los ciudadanos.

No es una broma. Hay quien ha demandado al mismísimo Dios. Sí, en 2007 un senador de Estados Unidos demandó al “ser supremo” por haber provocado “muertes generalizadas, destrucciones y haber aterrorizado a millones y millones de habitantes de la tierra, incluido bebes inocentes, niños, ancianos y enfermos, sin ninguna distinción“, según rezaba la noticia. Curiosamente, la demanda fue admitida a trámite por un juez que posteriormente la archivó por la imposibilidad de comunicar al demandado que debía presentarse a juicio.

Tiene guasa el asunto. Pretender que Dios se persone ante un juez para declarar sobre las catástrofes naturales solo puede caber en la mente de un pazguato, y que me perdonen estos. Porque hay algo que es elemental: ¿Alguien ha visto, oído o hablado con Dios alguna vez? Naturalmente, habrá quien dirá que sí. Felicidades, quien sea, hágale saber que le están buscando por asesino. A lo mejor se gana un lugar a su lado en la vida eterna por avisarle y evitar así la acción de la justicia. Pero tenga cuidado, no sea que le acusen de complicidad.

Pero, hablando seriamente, resulta increíble que hechos como este sucedan realmente. Esto demuestra claramente hasta donde llega la ignorancia y la desfachatez de los funcionarios encargados del tema, ya sea aquí o en otro país. No se entiende como un juez, que cobra de los impuestos de todos, puede hacer caso de un iluminado, con las consiguientes pérdidas de dinero y tiempo que, más que seguro, deberían emplear en solucionar casos realmente importantes. Tal vez el ser senador, le confirió al demandante el derecho a emplear el dinero público en estupideces.

A pesar de que esta noticia es antigua, no deja de llamar la atención. Perdemos las horas en sandeces propias de críos. Aquí debería incluirme por hablar de este tema. Sin embargo, no deja de tener su importancia, dado, repito, el coste que conlleva y que el ciudadano de a pie debe pagar, quiera o no.

Cabe hacerse preguntas sobre esto que, aunque aquí no haya ocurrido, que yo sepa, algo similar, pone en tela de juicio a quienes hacen las leyes, a los que las deben interpretar y a los que las deben aplicar. Porque, queramos o no, estos hechos circenses solo nos llevan a una conclusión: la justicia es un cachondeo. Y ahora que recuerdo, esto le costó una demanda a alguien, hace años ya, por decir lo mismo. A ver si ahora va a ser el Dios de la justicia de este país el que me demande a mi. O tal vez la CIA o el FBI lean esto y se querellen conmigo por difamar a su sistema legal y me persigan por todo el mundo hasta llevarme a Guantánamo por atentar contra su seguridad nacional. No sé por qué doy ideas. Deberé encomendarme a San Apapucio, patrón de los gilipollas (o pazguatos).

Volvemos a la polémica. Alguien sigue intentado dividir a los ciudadanos. Parece ser que no encuentran otra fórmula para llegar al poder a cualquier precio. Según publica un diario de tirada nacional, el PP recurre ante el Tribunal Constitucional la decisión del Parlament de Catalunya de prohibir los toros a partir del 2012. Ya no sé que pensar. En 1991, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, un actual diputado regional del propio Partido Popular, impulsó la prohibición de la “fiesta nacional” en Canarias, siendo desde entonces un acto vetado en las islas.

Tiene guasa la iniciativa de los “populares”. Me pregunto si también recurrirán la decisión de los canarios, pero debo suponer que al tratarse de una decisión ligada a su propio partido, esto no llegará a suceder. Sin embargo, dicen que la ley catalana incumple cerca de una docena de artículos de la Constitución. Me da la impresión, como decía al principio, de que vuelven a intentar engañar a los ciudadanos con tonterías propias de pazguatos, que, en definitiva, es la imagen que dan, aunque crean que eso lo somos el resto de mortales.

Se ha puesto de moda en ese partido recurrir cualquier cosa que llegue de Catalunya o del Partido Socialista, aunque esto último, sinceramente, me da igual. Lo que no se puede pretender, es estar atacando constantemente a una comunidad solo por el hecho de tener un idioma diferente y una cultura propia. Su ensañamiento con los catalanes es impropio de alguien que pretende representar a una mayoría de ciudadanos de un estado, según ellos, democrático, puesto que atenta contra la libertad de aquellos que están en contra de algo y que democráticamente han conseguido sus propósitos. Es más, estos individuos pretenden obtener más votos en Catalunya, y en el resto del estado, gracias a esta iniciativa, obviando al resto de ciudadanos que piensan lo contrario, por lo que no pueden hablar, como lo hacen, de defender a “todos los catalanes”.

Sea esta una polémica absurda y, por qué no decirlo, burda, si tenemos en cuenta la situación actual de la mayoría de los habitantes de este estado llamado “democrático y de derecho”, que a duras penas llegan a final de mes, los que tengan esa suerte. En lugar de dedicarse a buscar el poder a cualquier precio engañando a todo el mundo, debería hacer lo que en realidad les corresponde, es decir, velar por los intereses de aquellos que viven a su alrededor y que cada mes les proporcionan un salario más que holgado e, insisto y no me cansaré de repetirlo, injustificado. No es lícito que empleen estos métodos para conseguir aquello que quieren. No es esa su función.

Continuamos siendo víctimas de los intereses de partido, de estado y cualquier otro que se les ocurra, excepto aquellos que afecten directamente a los ciudadanos de a pie, para eso no hay tiempo ni dinero.

El enlace de abajo, lleva a un blog donde se habla de la prohibición de los toros en Canarias. No tiene desperdicio.

http://ichazagua.blogspot.com/2010/07/el-diputado-que-impulso-la-prohibicion.html

Derechos y deberes. La eterna cuestión. Qué prima sobre qué. En León los mineros se sublevan y protestan por sus derechos, más que eso, por su supervivencia, por la de sus familias. En Madrid, la guardia civil se manifiesta por conseguir mejoras laborales y la equiparación a la policía nacional, sin embargo tienen prohibido hacerlo. Absurda situación la de esos funcionarios. Por un lado reclaman derechos “ilegalmente“, por el otro reprimen a los mineros que hacen lo propio.

Paradojas del sistema, donde la ley del absurdo domina el escenario. Quien legisla o no tiene ni idea o es demasiado listo. Reprime a la guardia civil con normas internas propias del medioevo y obliga a sus miembros a hacer lo mismo con los trabajadores, la plebe del siglo XV. Ciudadanos contra ciudadanos. Fusiles contra picos, balas de goma contra piedras. Las barricadas han vuelto.

Es vergonzoso que quienes deben velar por nuestra seguridad se dediquen a cumplir órdenes absurdas que contravienen los derechos más elementales. Cuando estuve en el ejército, allá por los años 80, se nos decía que si una órden contravenia las leyes no debía cumplirse.  Aunque sea difícil de creer, es cierto. Claro que tal vez se referían a según que leyes, a aquellas que convienen a según quien en un momento concreto. Los hechos así lo demuestran, a pesar de los argumentos jurídico-constitucionales a los que puedan recurrir quienes intentan inculcarnos unos valores estúpidos que ni ellos mismos se creen.

El problema está en saber qué papel juega el ciudadano en esta sociedad, egoísta, embustera y embaucadora, que nos priva de unos derechos mínimos para ofrecernos todo aquello que no está a nuestro alcance, con el consiguiente coste que, naturalmente, solo consta en la letra pequeña, esa que nadie lee.

La ley es la ley. Está ahí para cumplirla. Se hizo para proteger los derechos de los ciudadanos, entre otras cosas.  Los funcionarios tienen por misión servirles y velar por sus intereses. Para eso se les proporciona un salario procedente del bolsillo de todos. Incluso del suyo.

Resulta sorprendente ver la interpretación que se hace de las leyes por parte de quienes deben aplicarlas con sentido común y de justicia. Para eso están ahí. Pero la apreciación que hacen dista mucho de ser lo que debiera. ¿Cómo es posible  que alguien que ha perdido una hija violada y asesinada vaya a la cárcel por decir lo que piensa sobre forenses y policías, mientras el autor o autores del crimen siguen en libertad? Se le acusa de calumnias. Un año y tres meses de cárcel, amén de la multa correspondiente. Mientras, el conocido asesino de la joven de Getafe, violada y quemada, tras cumplir cuatro años de reclusión en un centro de menores y tres años de libertad vigilada, sigue delinquiendo y en la calle. ¿No es eso una calumnia, acaso?

Que me acusen de difamación, o de terrorista, ya puestos. Para eso están, no para otra cosa a la vista de los hechos. Los fiscales y los jueces de este país lo único que hacen es justificar el sueldo, asomar una prepotencia irreverente para con los ciudadanos, una chulería impropia de alguien que debe proporcionar justicia y seguridad a quienes les pagan. Son intocables, no se puede opinar sobre ellos. Aplican las leyes como quieren sin utilizar un razonamiento lógico para sentenciar. No se respeta la presunción  de inocencia. Quien debe demostrar no es el acusado si no el acusador. Y, en cualquier caso, si la ley está mal hecha, que no se aplique o que se cambie, que para eso también cobran. Y mucho. No se puede ir por el mundo con la excusa de que hay que aplicar la ley porque para eso se hizo y así son las cosas. Si son así es porque quienes deberían cambiarlas no quieren hacerlo. Están  demasiado cómodos en su mullido sillón tomando decisiones y cobrando un buen sueldo.¿Para qué cambiar eso?

A nadie le importa lo que los ciudadanos de a pie pensamos. Es más, si decimos alguna cosa que a ellos les parezca ofensiva nos juzgan y nos encarcelan. ¿Y no es ofensivo que se burlen de la justicia, de todos nosotros, y no se pueda hacer nada para pararlo? ¿Donde está la libertad de expresión? ¿Donde está la libertad, sin más? Indignación, impotencia, sumisión legal a unos individuos que nos manejan como les da la gana argumentando una serie de razones kafkianas que ni tan solo ellos se creen. Me faltan las palabras. Me sobran los motivos. Aunque debo recordarme a mi mismo que no se puede medir a todos con el mismo rasero. Yo no creo en los funcionarios competentes, pero, haberlos, haylos. Mi apoyo para ellos.

La vida nos da sorpresas, como dice la canción. No es ninguna novedad.  Quienes sufrieron en sus carnes la violencia reciben el reconocimiento del estado. Pero con matices, esos incansables moderadores del pensamiento político.  Se pueden encontrar en cualquier decisión que afecte a los sufridos ciudadanos, en pro de la convivencia, del buen hacer y de la solidaridad, haciendo gala de los valores propios de un estado Democrático, de Derecho y Libre. No sé por qué, esos adjetivos  me recuerdan aquello de “Una, Grande y Libre“.

Reconocimiento y compensación para quienes fueron víctimas del terrorismo desde 1960. Olvido para los que Franco y sus secuaces reprimieron, torturaron y asesinaron, consolidando aun más, si cabe, la impunidad con la que vivieron y murieron. Quien decidió investigar sobre ello deberá afrontar un juicio acusado de prevaricación que, por si alguien no lo sabe, según el diccionario significa “Delito que cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo“.  El hecho de atribuir ese delito a quien intenta esclarecer unos hechos delictivos no se ajusta a esos valores con los que se llenan la boca diariamente los defensores de la ley y la justicia, porque la obligación de un juez es precisamente esa, la de investigar y condenar a quienes incumplen o han incumplido la ley. Tal vez los que han decidido en ese sentido son los que prevarican, puesto que si, como dicen, somos una sociedad libre, no deberían limitarse la atribuciones de uno de sus representantes, teniendo en cuenta, además, que ellos mismos se han autoatribuido la facultad de poner en tela de juicio la propia libertad. Paradójicamente, hace unos años, el mismo juez imputado se permitió el  lujo de ordenar la detención de otro asesino, Augusto Pinochet, que ni siquiera era español. En aquella ocasión todos le aplaudieron y apoyaron, mostrando su hipócrita sonrisa ante la opinión pública, seguramente para poder salir en la foto y hacer creer a los que les pagamos el sueldo que están a favor de la democracia y de la justicia.

Que ETA, Al-Qaeda, los cárteles y otros especímenes similares menos nombrados y, posiblemente, más respetados, se dedican a matar no es ninguna novedad. Que los que se dedican a perseguirlos con todos los medios posibles no se cansan de exigirles que dejen las armas, tampoco. Pero nadie mueve ni un dedo cuando alguno de esos proscritos intenta rectificar y volver al redil de la democracia, esa misma con la que nos bombardean cada día en sus opacos discursos. De nada sirve el gesto, aunque se les haya exigido. No es creíble. Sí lo es acusar a un juez de no cumplir con su deber cuando, precisamente, es lo que hacía.

Dejando a parte la ideología política que, al fin y al cabo, no sirve para nada más que para acumular seguidores y consegir el poder, intentar sanar las heridas que nos deja cada día este mundo absurdo en el que vivimos a través de una reflexión colgada de un lugar indeterminado en el espacio, resulta poco más que ingenuo. Sabido es de todos que la indiferencia es la única reacción que se puede esperar de esos individuos encorbatados, bien peinados y afeitados, serios, honrados, buenos esposos y padres de familia y mejores hijos que nos invaden a través de los medios de comunicación para asegurarnos que su objetivo consiste en aportar a nuestras vidas la seguridad necesaria para que nos desarrollemos como personas y transmitamos a nuestros descendientes los valores que hacen de nuestro país un lugar donde podemos vivir en paz, expresarnos con toda libertad y creer en aquello que nos parezca oportuno sin temor a padecer ningún tipo de discriminación o represión por cuestión de sexo, condición, religión o cualquier otro motivo. Para ello nos recuerdan que sus decisiones son tomadas con la finalidad de proporcionarnos el bienestar que merecemos. En el nombre de la Democracia, la Justicia y la Libertad.