Las noticias de mujeres asesinadas por sus parejas nos asaltan a diario. Cada vez son más las víctimas, a pesar de las leyes y las campañas para erradicar esta lacra. Para terminar de arreglarlo,  hay casos de ex-policías y  similares que han asesinado a su compañera sentimental. Es realmente grotesco, por no poner otro adjetivo. Aquellos que deberían proteger a los que están amenazados, también incurren en esa violencia gratuita y sin sentido.

Pero no todo va por ese camino. Miles de personas en todo el mundo, hombres y mujeres, sienten a diario ese peso que les inhibe y  anula. De nada sirve que haya unos sistemas de protección si cuando se da el caso el juez de turno deja libre al maltratador con una simple orden de alejamiento que, en la mayoría de casos, no se respeta. En este punto, la denuncia se hace completamente inútil, por más medios de suprema sofisticación que se empleen para proteger o disuadir. Está claro que la ley no es efectiva si no se aplica con un mínimo de sentido común.

No todos los casos de denuncia son auténticos, hay quien se aprovecha de la situación, no entiendo muy bien por qué, con lo que el escepticismo de las “autoridades” ante una denuncia es cada vez  mayor. No ayuda en nada esta situación, como tampoco lo hace el hecho de que una legislación pueda ser interpretada y aplicada arbitrariamente por los que debieran administrar justicia e investigar los casos con coherencia en lugar de emitir sentencias absurdas que de nada sirven en la realidad.

Me he preguntado muchas veces si los funcionarios encargados de legislar y los que aplican la ley, viven en la realidad o en un mundo repleto de retórica jurídico-administrativa que no conduce a ningún lado. Toda la jurisprudencia, junto con su jerga  profesional, aparece ante los ojos de los mortales ignorantes del tema, como una palabrería absurda e inútil que lo único que consigue es perpetuar el poder entre quienes poseen el “privilegio” de estar inmersos en sus redes. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Es de obligado cumplimiento aquello que convierten en ley por real decreto, aunque sea debatido en el Congreso y en el Senado, por otra parte, desautorizados moralmente para realizar este tipo de tareas, puesto que han demostrado a lo largo de la historia, que lo único que persiguen es su propio interés. Pero entramos en una paradoja: la norma que hay que cumplir obligatoriamente no lo es para todos, puesto que quien la debe aplicar lo hace con perjuicio del denunciante, incurriendo en su incumplimiento. Realmente es un tema complicado. Todos conocemos aquello de “hecha la ley, hecha la trampa“, algo muy común en nuestro país, sin olvidar el resto del mundo, procedimiento por el cual se incumplen las normas pero no se puede demostrar o hay un vacío legal que no permite juzgar a los culpables.

Me permito “criticar” a todos aquellos leguleyos, incluyendo legisladores y jueces, que no saben ver más allá de lo que dice un texto que podría muy bien pertenecer a una novela de Kafka. Ellos interpretan sus palabras, como lo hacen los religiosos de cualquier confesión con sus textos sagrados, a su manera, atribuyéndose el poder de decidir lo que está bien o mal sin pensar en las consecuencias para el resto de mortales. De hecho, eso les da exactamente igual. Lo único que importa es lo que hay escrito. Eso es lo que vale. Y, en ese trance, las víctimas siguen creciendo, siendo muchas de ellas anónimas y permaneciendo ocultas ante los ojos del mundo, porque la ley les ignora. ¿Para qué denunciar si al final acabaré igual? Tal vez mucha gente implicada en esa situación se haga esa pregunta. Si realmente, tal y como no se cansan de repetir, la intención de los gobernantes es la de dar protección, deberían dejar de un lado tanta palabrería inútil y dar más soluciones reales. Como he dicho en otras ocasiones, tiene preferencia la seguridad y los intereses del Estado (y los suyos propios) sobre el de los ciudadanos.

La vida nos da sorpresas, como dice la canción. No es ninguna novedad.  Quienes sufrieron en sus carnes la violencia reciben el reconocimiento del estado. Pero con matices, esos incansables moderadores del pensamiento político.  Se pueden encontrar en cualquier decisión que afecte a los sufridos ciudadanos, en pro de la convivencia, del buen hacer y de la solidaridad, haciendo gala de los valores propios de un estado Democrático, de Derecho y Libre. No sé por qué, esos adjetivos  me recuerdan aquello de “Una, Grande y Libre“.

Reconocimiento y compensación para quienes fueron víctimas del terrorismo desde 1960. Olvido para los que Franco y sus secuaces reprimieron, torturaron y asesinaron, consolidando aun más, si cabe, la impunidad con la que vivieron y murieron. Quien decidió investigar sobre ello deberá afrontar un juicio acusado de prevaricación que, por si alguien no lo sabe, según el diccionario significa “Delito que cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo“.  El hecho de atribuir ese delito a quien intenta esclarecer unos hechos delictivos no se ajusta a esos valores con los que se llenan la boca diariamente los defensores de la ley y la justicia, porque la obligación de un juez es precisamente esa, la de investigar y condenar a quienes incumplen o han incumplido la ley. Tal vez los que han decidido en ese sentido son los que prevarican, puesto que si, como dicen, somos una sociedad libre, no deberían limitarse la atribuciones de uno de sus representantes, teniendo en cuenta, además, que ellos mismos se han autoatribuido la facultad de poner en tela de juicio la propia libertad. Paradójicamente, hace unos años, el mismo juez imputado se permitió el  lujo de ordenar la detención de otro asesino, Augusto Pinochet, que ni siquiera era español. En aquella ocasión todos le aplaudieron y apoyaron, mostrando su hipócrita sonrisa ante la opinión pública, seguramente para poder salir en la foto y hacer creer a los que les pagamos el sueldo que están a favor de la democracia y de la justicia.

Que ETA, Al-Qaeda, los cárteles y otros especímenes similares menos nombrados y, posiblemente, más respetados, se dedican a matar no es ninguna novedad. Que los que se dedican a perseguirlos con todos los medios posibles no se cansan de exigirles que dejen las armas, tampoco. Pero nadie mueve ni un dedo cuando alguno de esos proscritos intenta rectificar y volver al redil de la democracia, esa misma con la que nos bombardean cada día en sus opacos discursos. De nada sirve el gesto, aunque se les haya exigido. No es creíble. Sí lo es acusar a un juez de no cumplir con su deber cuando, precisamente, es lo que hacía.

Dejando a parte la ideología política que, al fin y al cabo, no sirve para nada más que para acumular seguidores y consegir el poder, intentar sanar las heridas que nos deja cada día este mundo absurdo en el que vivimos a través de una reflexión colgada de un lugar indeterminado en el espacio, resulta poco más que ingenuo. Sabido es de todos que la indiferencia es la única reacción que se puede esperar de esos individuos encorbatados, bien peinados y afeitados, serios, honrados, buenos esposos y padres de familia y mejores hijos que nos invaden a través de los medios de comunicación para asegurarnos que su objetivo consiste en aportar a nuestras vidas la seguridad necesaria para que nos desarrollemos como personas y transmitamos a nuestros descendientes los valores que hacen de nuestro país un lugar donde podemos vivir en paz, expresarnos con toda libertad y creer en aquello que nos parezca oportuno sin temor a padecer ningún tipo de discriminación o represión por cuestión de sexo, condición, religión o cualquier otro motivo. Para ello nos recuerdan que sus decisiones son tomadas con la finalidad de proporcionarnos el bienestar que merecemos. En el nombre de la Democracia, la Justicia y la Libertad.